Estábamos acostumbrados a las protestas callejeras. Para tratar
de evitar desahucios, para ir en contra de las corridas de toros, o en contra
del cambio climático, por citar ejemplos “clásicos”. Y en estos momentos hay
algunas de ellas que se echan mucho de menos. Se trata de las muy célebres
manifestaciones en las puertas de los institutos, cada miércoles, realizadas
por personal docente provisto de camisetas verdes en las que se leía el eslogan
“escuela pública, de todos, para todos”.
Ante la amenaza de la ley de educación LOMCE, la cual
estamos padeciendo ahora, se produjo un fuerte movimiento en contra de multitud
de recortes económicos y de personal en el mundo público de la educación, así
como de normas restrictivas de cara al profesorado y al alumnado, que se
detallaron y aplicaron en cuanto de desarrolló la ley. La inmensa mayoría del
mundo educativo estaba de acuerdo en eso de pedir que no se redujera, y se hizo, el número de personas dedicadas a compensar
deficiencias educativas de alumnado, sobre todo emigrante, que llegaba y llega
a nuestros centros públicos con serias deficiencias. O en que no se sometiera a
los alumnos a pasar por el aro de unas ya trasnochadas “reválidas” con el
presumible fin de estandarizar y
jerarquizar los centros, y por tanto, las zonas y territorios, a modo de “guettos”
educativos. Y ahora estamos en plena discusión de si se acepta o no por parte
del ministerio la propuesta autonómica de hacer valer la “antigua” selectividad
como esa reválida impuesta para el final
del bachillerato (veremos si nos hacen el "favor"…). Y también se estaba de
acuerdo, y se exteriorizaba en las protestas, en que las ratios del alumnado
por aula debían bajar considerablemente si se quiere conseguir una enseñanza de
calidad. Nadie entiende que se pretendiera valorar una supuesta “excelencia” de
los alumnos y centros con clases de bachillerato de 35 alumnos o más, tal y
como se tenía y se tiene ahora.
Pues bien, se estaba tan de acuerdo con la mayoría de esas
peticiones que resulta extremadamente raro que ahora, en una autonomía como la aragonesa,
en la que los encargados de las cuestiones educativas, desde hace casi dos años ya,
procedentes de los mismos ambientes reivindicativos que articulaban las
protestas callejeras antes descritas, no se hayan establecido medidas que se
parezcan en algo a lo reivindicado por el colectivo de profesores y la sociedad
en general. ¿Tan difícil es acordarse una vez conseguido el poder que en las
aulas sigue habiendo 35 o más alumnos? ¿Que hacen falta profesores de apoyo tal
y como se pedía? ¿Que si queremos que se eliminen las cuestionadas reválidas en
distintos niveles educativos (Primaria, 4º de ESO y Bachillerato) hay que
seguir pidiendo con contundencia que no deben hacerse? ¿Que lo de la excelencia
y el ranking de centros es algo sectario y discriminador? ¿Que…?
No hay que desesperar. Seguro que alguna asamblea o fuerza
viva política moviliza al personal en breve para volver a la calle, a las
barricadas, y pedir que la educación
llegue a ser verdadera educación y no un trámite social de almacenaje y
procesado mental de alumnado en masa. Espero que desde su poltrona se den
cuenta que no han hecho nada al respecto, todavía, excepto aplicar sumisamente la nueva ley a los centros. Aunque cabe la duda de
que alguno de sus colegas instalados en el poder mueva ahora ni un
solo dedo para conseguirlo, pues da la impresión de que están en otros menesteres mucho más mediáticos
para conseguir votos que lo que supondría una firme y necesaria protesta social con fines
educativos.